Por Jesús Capcha Carbajal, Coordinador de Viabilidad Financiera de la NCC.

Una paradoja alarmante

El Congreso y el Ejecutivo se apresuraron para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desembolse US$ 2,000 millones para adquirir aviones de combate F-16, honrando compromisos internacionales. En paralelo, ante la Nueva Carretera Central (NCC) —la obra de infraestructura logística más importante del país, con contrato Gobierno a Gobierno (G2G) ya firmado con Francia—, el mismo MEF asume una posición obstruccionista, calificando el mecanismo del Proyecto de Ley 14141 como “innecesario e ilegal”.

La pregunta de fondo es simple: ¿estamos ante un anacronismo burocrático o ante un sistema diseñado para privilegiar a inversionistas privados a costa del Estado?

La NCC no es una improvisación

El proyecto cuenta con todo el respaldo técnico y legal necesario para su ejecución:

  • Ley N° 30568. Declaratoria de necesidad pública aprobada por el Congreso de la República.
  • Contrato G2G con Francia. Acuerdo Estado a Estado bajo modalidad Fast Track.
  • Código SNIP. Integrado al Programa Multianual de Inversiones (PMI) del MTC.
  • Presupuesto 2026. Asignación presupuestal aprobada para el inicio de obras. Se despilfarrarían esos recursos si no se da continuidad en 2027 hasta su culminación al 2033.

No es una idea sobre el papel: es un proyecto con marco legal, contraparte internacional y presupuesto activo.

El riesgo de paralización

A pesar de contar con todo el sustento técnico y legal, la negativa del MEF a estructurar el financiamiento con bonos y Fideicomiso Macrorregional, y a viabilizar los aportes necesarios, pone en inminente riesgo de paralización a la mega obra.

  • 2026. Inicio de obras programado con presupuesto asignado.
  • 2027–2028. Riesgo inminente de paralización por falta de financiamiento estructurado.
  • 2033. Escenario óptimo de culminación según el texto sustitutorio del PL 14141.

El Proyecto de Ley 14141

Para evitar la catástrofe logística, se ha planteado el PL 14141, una ley especial de financiamiento que asegura la continuidad de la obra. Desde la Coordinación de Viabilidad Financiera se presentó un texto sustitutorio que levanta, desvirtúa y corrige absolutamente todas las observaciones del MEF, ajustando el modelo a un escenario óptimo de culminación al 2033 y asegurando el cumplimiento de las reglas fiscales.

Aun así, la resistencia burocrática persiste.

Una rentabilidad social excepcional

La NCC es un corredor bioceánico vital que ostenta una altísima rentabilidad social, muy superior al umbral mínimo exigido por el propio sistema del MEF.

  • 18% — TIR Social de la NCC. Rentabilidad social del proyecto.
  • 12% — Mínimo exigido. Umbral requerido por el sistema del MEF.
  • +12 millones de peruanos. Beneficiarios directos en regiones estratégicas del país.

El proyecto supera en seis puntos el propio estándar de evaluación social del MEF. Bloquearlo no es un acto técnico: es una decisión política.

El sesgo hacia las APP

Lo más preocupante es el evidente sesgo del MEF hacia el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP). Mientras bloquean la obra pública con tecnicismos legales, no ponen ningún veto a las APP.

Forzar la NCC bajo el esquema APP representaría:

  • Una “hipoteca” de más de S/ 84,000 millones.
  • Pagos de S/ 3,700 millones anuales sin exigirles reglas fiscales.
  • Postergación de 14 años adicionales en la culminación del proyecto.

Obra Pública vs. APP: el ahorro para el Perú

Ejecutar la NCC como Obra Pública, tal como plantea el PL 14141, genera un ahorro monumental frente al modelo APP:

  • Ahorro estimado: S/ 50,000 millones menos que bajo un esquema APP.
  • Tiempo ganado: se evitan 14 años adicionales de postergaciones.
  • Sin hipoteca fiscal: no se comprometen S/ 3,700 millones anuales en pagos privados.

La aritmética es contundente: la obra pública con financiamiento estructurado por bonos y fideicomiso es financiera, social y fiscalmente superior al modelo APP que el MEF parece preferir.

La obsoleta tecnología fiscal del MEF

El Perú no puede seguir sujeto a la obsoleta tecnología fiscal con la que el MEF administra las finanzas públicas. El contraste es explícito:

  • Lo que el MEF bloquea. Proyectos con alta rentabilidad social como la NCC, argumentando tecnicismos legales.
  • Lo que el MEF facilita. Gastos no esenciales como la compra de aviones de combate por US$ 2,000 millones.
  • Lo que el país necesita. Una gestión financiera que priorice el desarrollo, la conectividad y el bienestar nacional.

Esta dicotomía fundamental expone las contradicciones de una gestión fiscal que asfixia proyectos con alto retorno social mientras abre la billetera para gastos no esenciales.

12 millones de peruanos esperan. Es momento de actuar

El Congreso y el país deben exigir una gestión financiera que priorice el desarrollo, la conectividad y el bienestar de más de 12 millones de peruanos que dependen de esta obra vital.

Conclusiones: urge una reforma fiscal

  • Prioridades distorsionadas. US$ 2,000 millones para aviones, mientras se bloquea la obra logística más importante del país.
  • PL 14141 es la solución. Ahorra S/ 50,000 millones, evita 14 años de retrasos y garantiza culminación al 2033.
  • Reforma fiscal urgente. El Perú necesita una arquitectura fiscal moderna que priorice el retorno social.

La resistencia burocrática del MEF no puede seguir hipotecando el futuro de millones de peruanos. El Congreso debe actuar.